El objetivo de fondo del movimiento dirigido por Andrés Manuel López Obrador , saboteando los trabajos de PEMEX, al bloquear su acceso a los pozos petroleros en la Chontalpa, no es únicamente una expresión de “la industria del reclamo”. En el fondo, éste es el pretexto y la razón social para esconder el verdadero sabotaje, el de trascendencia: Aumentar considerablemente el grado de “riesgo país” a los inversionistas interesados en la industria petroquímica.
Por ello la respuesta fue contundente, no inmediata pero sí pronta y fundada en denuncias sustanciadas. El presidente, en una gira europea de muy obscuros resultados en Italia, difícil comunicación en España y justificatoria en Inglaterra y Davos, se encontró de pronto con que la petroquímica que andaba vendiendo, entre otras cosas, pude ser saboteada por los indígenas chontales, sin importar el dueño, por reclamos reivindicatorios, reales o supuestos.
EL ESTADO DE DERECHO, GARANTÍA REAL
Costo país, defecto difícil de ocultar a los posibles compradores de la industria petroquímica. El restablecimiento del Estado de Derecho fue la garantía agregada para sostener la oferta de venta, enriqueciendo así la “calidad” del producto con una alta dosis de “seguridad garantizada”.
Pero, reflexionemos un poco… Estado de derecho implica básicamente que funcione cotidianamente la libertad de los individuos; que ésta sea defendida y protegida por jueces prontos y probos; que al mercado lo caracterice, en todo, la competencia; que cada ciudadano tenga oportunidad y seguridad de alcanzar un mínimo de bienestar; y, que el poder público se ejerza separadamente, al tiempo que sus órganos estén integrados por una legítima y equilibrada representación.
Con esas características, el gobierno, representante y custodio del Estado, puede, con toda autoridad moral, aplicar plenamente la legalidad y mantener, en consecuencia, el “Estado de Derecho”.
LA MORAL Y LA POLÍTICA
Como toda acción pública que afecte a la sociedad, es una acción política, se vuelve necesario considerar si la política, la moral y el Estado de Derecho guardan una correspondencia recíproca o simplemente son incompatibles, excluyentes o, hasta inconexos. Ciertamente, el simple concepto de Estado de Derecho, implica una alta calidad moral en los actores responsables de aplicarlo, ejercerlo y sostenerlo.
Creo que debe anticiparse que es una cuestión de grado. ¿Cuándo han conocido a un político, que “por el fin no justifique los medios”? . Digámoslo de otra forma: Engañar, manipular, cooptar, defraudar, difamar… Parecen recursos cotidianos en el quehacer político. Hasta se requiere “oficio” para hacerlo sin que se note o haga daño posterior; es decir, debe siempre poder justificarse la forma de comportamiento, por el fin que se está proponiendo o persiguiendo (pocos lo logran, los más son burdos y torpes, golpean con causa personal y pretenden conciliación sin causa, sólo con prepotencia).
Pero, ¡parece que estamos en el cinismo! Lo cierto es que los fines superiores de la causa han ocasionado toda clase de calamidades a la humanidad y a los pueblos, y todo se explica o niega según el punto de observación, caso claro, son el “Tribunal de la Santa Inquisición”; las “guerras santas”, así sean las cruzadas; la instauración de la democracia en país ajeno; o, las guerras de “limpieza racial”, aún cuando se realicen veladamente en las fronteras que los ejércitos observadores y los “voluntarios” protegen de los inmigrantes.
LA CORRUPCIÓN COMO MÉTODO
No existe en ninguna organización social, incluida la Iglesia, una correspondencia plena entre moral y política, y en todas se hace política: Engañar, manipular, cooptar, defraudar, difamar… El problema es el grado, la profundidad con que el “arte de la política” se ejerce (cedo a la tentación de escribir Niccolò Machiavelli, y de recordar a Luis Espota y a Alejo Carpentier).
Lo importante también es el grado con que se combate o no, con el que se enjuician presidentes, gobernadores, políticos e influyentes, con parentesco o no. O bien, como se crean, no sólo velos, sino hasta estructuras o ausencias jurídicas, para crear espacios, posiciones, puestos impunes desde donde la corrupción se enseñorea, hiere, lastima y acumula resentimiento y odio que estalla en “tumultos”, Chiapas o en Tabasco. Manipulados o no, al fin política, política, pero ahora del contrario.
El problema de México es su elevado nivel de corrupción, alentado por la impunidad, aquí sí, en correlación estrecha y magnitud semejante. Ya en el siglo XVIII en España se conocía la profunda y abierta corrupción mexicana como “el unto mejicano”. Muchos la explican con argumentos socioantopológicos y como efecto de la conquista, la sumisión, la explotación. Lo cierto es que eso no la justifica, ni menos la explica hoy.
LA IMPUNIDAD COMO REPRESIÓN
Resulta que todo este embrollo de practicas (malosas por cierto), sostenidas y perfeccionadas a través de los años, hoy, sustenta la posición de los Chontales en Tabasco, hoy, se revierte contra el impune, PEMEX y gobierno, y se inicia una lucha interna. No vender, sí vender la petroquímica, pagar o no pagar indemnizaciones, escamotearlas, “recortarlas” a la entrega, apoyar a “bajo costo” la pronta emisión del cheque, y al tiempo, discriminar, vejar, invadir, tomar a nombre de la nación lo que ellos poseían, antes que ella existiese.
Cierto, la violación de un derecho no se debe invocar como razón y no es razón, para justificar una reivindicación social que rompe el Estado de Derecho. Bueno, sí, si estamos en la vigencia del Estado de Derecho…
La historia es vieja y los compromisos también. No se puede aplicar unilateralmente la legitimidad cuando socialmente hay impunidad manifiesta o la justicia corre demasiado despacio. Hay violaciones evidentes y el procedimiento favorece al culpable. En el otro caso, el procedimiento es expedito y enérgico. La ley no es justa si tarda distinto para distintos actores y cuando, para otros, es el escudo de la impunidad. La impunidad, así, es represión.
LA IMPERIOSA NECESIDAD DE LA REFORMA
Lo que llaman la Reforma del Estado, se constituye en algo urgente y a fondo. Hay demasiados focos rojos prendidos y otros prendiéndose, para jugar al “gatopardismo”. A la presidencia acotada de Zedillo se acerca la potencial anarquía de los inmorales impunes, Madrazo, Guerrero, Raúl; y la lucha políticoideológica, destructiva y anarquista, sin propuesta de fondo, agazapada en la apreciación pública generalizada de un Presidente débil y, sobre todo, en el cansancio causado por la persistente soberbia e impunidad.